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La Asociación de Mujeres Bodegueras (Agremub) expresó su respaldo a los lineamientos de la Política General de Gobierno 2026-2031, pero exigió la mayor celeridad en su implementación ante el crítico escenario que enfrenta el sector.
La Asociación de Mujeres Bodegueras (Agremub) respalda los lineamientos de la nueva Política General de Gobierno 2026-2031, pero exige acciones inmediatas ante el incremento de extorsiones y violencia que afecta a estos negocios.
Según cifras del Centro de Estudios de la Mype, entre 5000 y 6000 bodegas a nivel nacional cerrarán sus puertas este año como consecuencia directa de la criminalidad y los efectos del Fenómeno El Niño. Esta cifra es de prácticamente el doble de la registrada el año pasado, que ascendió a poco más de 3000.
Carla Campos, presidenta de Agremub, señaló que la delincuencia destruye la mayoría de los negocios puerta a calle, y los más perjudicados son aquellos administrados por mujeres, quienes ven truncada su fuente de sustento y el de sus familias. Por esto, la dirigente destacó que en el mencionado documento se haya priorizado reducir la afectación de personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada.
“Es un paso necesario, pero se requieren acciones concretas y rápidas para frenar esta ola de inseguridad”, aseguró Campos.
Por otro lado, Agremub coincidió con el Gobierno en la necesidad de estimular la competitividad y productividad de las Mypes, pero advirtió que el acceso al financiamiento formal sigue siendo una barrera casi infranqueable: al menos el 88% de las bodegas no logra acceder a créditos bancarios, lo que obliga a muchas a recurrir al financiamiento informal, agravándose así su vulnerabilidad. “Es urgente crear un mecanismo de garantías que rompa con ese círculo vicioso, que impulse su acceso al financiamiento formal”, agregó la presidenta del gremio.
Asimismo, hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso para priorizar el diálogo con el sector comercio, especialmente ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, que pondrá a prueba la sostenibilidad de miles de negocios y la seguridad alimentaria de la población. “Las bodegas somos un eslabón clave en la cadena de abastecimiento. Si no se hace lo suficiente para mitigar el impacto que el FEN puede tener en nuestro sector, las consecuencias se van a ver directamente reflejadas en la economía del país”, enfatizó.
Estas preocupaciones, sostuvo, coinciden con el reciente estudio “Empresas y Estado: diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos para Comex-Perú, según el cual el 52% de las microempresas identifica a la inseguridad como su principal obstáculo para crecer.
