Coffee Sale
La presidenta Keiko Fujimori cuestionó la demora del Congreso para decidir sobre el pedido de facultades legislativas presentado por su Gobierno y afirmó que el Parlamento está “poniendo a prueba nuestra paciencia”.
El Ejecutivo solicitó al Congreso autorización para legislar durante 120 días en ocho materias, con un total de 66 ítems, que incluyen seguridad ciudadana, legislación penal, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, modernización del Estado, vivienda y saneamiento, entre otros temas.
El pedido generó diferencias entre las bancadas debido al alcance de las facultades solicitadas. Desde el Congreso, algunos parlamentarios han pedido que el Ejecutivo precise y delimite mejor las medidas, especialmente aquellas que van más allá de la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño.
La discusión llegó a un punto decisivo esta semana. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició el debate de un dictamen que plantea no aprobar el pedido de facultades y enviarlo al archivo. La comisión comenzó la discusión el 29 de septiembre y la continúa este miércoles 30.
Frente a este escenario, Fujimori reclamó una decisión del Parlamento después de cuatro semanas de espera y vinculó la necesidad de contar con estas herramientas principalmente con la lucha contra la criminalidad y la atención de problemas urgentes del país.
“Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, declaró la mandataria durante una actividad oficial en Ica. También sostuvo que su Gobierno respetará los procedimientos democráticos y que tomará las medidas necesarias contra la criminalidad, se otorguen o no las facultades.
¿Qué significa la respuesta de Keiko Fujimori?
La declaración marca un endurecimiento del discurso del Ejecutivo frente al Congreso, pero no significa que el Gobierno pueda asumir por sí mismo las facultades que el Parlamento decida no delegar.
La delegación legislativa es una autorización del Congreso que debe establecer las materias y el plazo durante los cuales el Ejecutivo puede legislar. Si finalmente no se aprueba, el Gobierno conserva las competencias que ya le corresponden por ley y puede adoptar medidas dentro de ese marco, pero no puede convertir en decretos legislativos materias para las que no recibió autorización.
Por ahora, el siguiente paso está en manos de la Cámara de Diputados: la Comisión de Constitución continúa con el debate del dictamen y las distintas bancadas deberán fijar posición sobre el pedido del Ejecutivo.
El enfrentamiento, así, pasa de una discusión técnica sobre qué facultades puede recibir el Gobierno a una disputa política sobre qué tan rápido debe responder el Congreso y qué herramientas necesita el Ejecutivo para cumplir sus objetivos de seguridad y gestión.
Artículo: Viviana Castro
