Coffee Sale
La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) advirtió que miles de bodegas en el país siguen operando en desventaja frente a las tiendas de conveniencia, al cargar con limitaciones normativas que carecen de sustento legal, mientras enfrentan una crisis de inseguridad y los efectos del Fenómeno El Niño, que podrían llevar al cierre de entre 5,000 y 6,000 bodegas al término de 2026.
El gremio advierte que las bodegas siguen siendo fiscalizadas con normas declaradas ilegales. Pide respetar fallo del Indecopi que acaba de declarar medidas burocráticas ilegales las restricciones impuestas por las municipalidades de San Juan de Lurigancho y Chorrillos a la venta de bebidas alcohólicas.
El último fin de semana, el Indecopi declaró medidas burocráticas ilegales las restricciones impuestas por las municipalidades de San Juan de Lurigancho y Chorrillos a la venta de bebidas alcohólicas, pues, según la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 28681, esa facultad corresponde exclusivamente a las municipalidades provinciales. En abril de 2026, el Indecopi ya había determinado, en segunda y última instancia administrativa, que las municipalidades de Villa El Salvador, San Luis, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Rímac y Ate excedieron sus atribuciones al imponer horarios de venta de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, en la práctica el problema ha persistido. Muchas bodegas ubicadas en esos distritos siguen siendo fiscalizadas por ordenanzas que ya no deberían aplicarse. A esto se suma una asimetría regulatoria que las pone en desventaja: mientras en varios distritos las tiendas de conveniencia pueden operar las 24 horas, las bodegas ven limitados sus horarios de atención, ya sea por restricciones municipales o por temor a la delincuencia.
«Las bodegas no le tememos a la competencia: le tememos a que el Estado nos exija cumplir reglas que ya fueron declaradas ilegales, mientras las grandes cadenas operan sin esos frenos y, en muchos casos, con horarios que a nosotras se nos niegan», señaló Carla Campos, presidenta de Agremub.
La dirigente gremial subrayó que la venta de bebidas alcohólicas representa hasta el 55% de los ingresos de las bodegas, por lo que cualquier restricción horaria impacta directamente en la sostenibilidad de estos negocios y en el sustento de más de 400,000 familias. «Si el Indecopi ya ha determinado que estas ordenanzas son ilegales, exigimos que las municipalidades distritales dejen de aplicarlas de inmediato y que el Ejecutivo supervise este cumplimiento», agregó Campos.
La inseguridad en aumento
Las desventajas en las normativas se suman a un escenario ya complejo debido a la criminalidad. Un estudio de Ipsos para ComexPerú señala que el 52% de las microempresas identifica la inseguridad como su principal obstáculo para crecer.
«La criminalidad ha aumentado muchísimo. Siempre hubo delincuencia, pero nunca como ahora. La situación es crítica», sostuvo Campos. La presidenta de Agremub recordó que la inseguridad no solo afecta la integridad de las bodegueras y sus familias, sino que las obliga a reducir horarios de atención por temor, lo que se traduce directamente en menores ingresos y en una pérdida adicional de competitividad frente a formatos comerciales con mayor capacidad de inversión en seguridad.“El Estado, en todos sus niveles de gobierno, debería garantizar que las bodegas no enfrenten restricciones injustificadas frente a establecimientos de mayor tamaño y capital, y que quienes deseen ampliar sus horarios puedan hacerlo de forma segura, rentable y conforme a la normativa”, expresó Carla Campos.
